Se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que coordinará a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
El Comité Coordinador del Sistema estará conformado por representantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por un representante del Comité de Participación Ciudadana.
La ley establecerá las bases de organización, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción conforme a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Este artículo crea oficialmente el Sistema Nacional Anticorrupción, una especie de gran red de vigilancia y control donde participan varias instituciones para prevenir y castigar la corrupción en el gobierno.
Ya no se trata solo de que la Secretaría de la Función Pública revise contratos, o que la Auditoría revise números: ahora hay un sistema completo, interinstitucional, en el que todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) están obligados a coordinarse para combatir la corrupción, castigar a los responsables y cuidar los recursos públicos.
Este sistema tiene un “cerebro”, que es el Comité Coordinador, y está formado por representantes de instituciones clave: justicia administrativa, fiscalización, transparencia, anticorrupción, Poder Judicial, Función Pública y sociedad civil.
Y lo más importante: este artículo ordena que todo funcione bajo principios éticos y de servicio público, como legalidad, imparcialidad, profesionalismo, lealtad y honradez.
En resumen: el Artículo 113 es la base legal que nos dice que la corrupción no solo es un problema, sino un delito que se combate entre todos y desde todos los frentes, de manera organizada.
