El Gobierno de México, a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunció que en octubre comenzarán las consultas, foros y mesas de discusión para elaborar una propuesta integral de Reforma Electoral. Este proceso será amplio e incluyente, con la participación de organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, centros educativos y de investigación, legisladores, consejeros del INE en carácter ciudadano y, en general, de todo el pueblo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo es garantizar la máxima participación ciudadana y abordar temas clave como el financiamiento a partidos, el régimen de partidos, el voto electrónico, la distribución de recursos en campañas, y la representación proporcional en la Cámara de Diputados y el Senado. “Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa. Lo que queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude”, puntualizó.
Sheinbaum informó que se desarrollará una plataforma digital para que la ciudadanía pueda participar en línea, asegurando así que nadie quede excluido del debate. Subrayó que este ejercicio democrático busca recoger todas las voces para construir una propuesta sólida y consensuada.
El titular de la Comisión, Pablo Gómez Álvarez, señaló que las conclusiones de este proceso serán presentadas a la presidenta en enero de 2026. Detalló que se llevarán a cabo audiencias públicas, debates y eventos en todo el país, así como actividades en la sede de la Secretaría de Gobernación, bajo la conducción de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para fomentar la difusión y análisis de propuestas.
Durante las consultas se discutirán 14 temas centrales: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento y fiscalización de recursos, efectividad del sufragio, regulación de la competencia electoral, libertad de difusión, propaganda gubernamental, sistema de votación, autoridades electorales, requisitos de elegibilidad, inmunidad de funcionarios electos, consultas populares y revocación de mandato.
