Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene independencia técnica y de gestión en sus funciones. Lo integran siete miembros: el presidente de la Suprema Corte, tres consejeros designados por el Pleno de la Corte, dos por el Senado y uno por el Presidente de la República. Los consejeros duran cinco años en su encargo, deben ser personas con alta calidad moral y profesional, y no pueden ser reelectos. El Consejo puede actuar en Pleno o por comisiones, y sus decisiones se toman por mayoría. Cuenta con un órgano de vigilancia, cuya presidencia es rotativa entre los consejeros, y un Instituto de la Judicatura Federal que capacita y actualiza a jueces y magistrados.
Este artículo, aunque suene muy técnico, habla de algo muy importante: quién y cómo se maneja la parte administrativa del Poder Judicial (los juzgados y tribunales federales) sin que la Suprema Corte tenga que estar en todo. El Consejo de la Judicatura es como el gerente que vigila que los juzgados funcionen bien, sin meterse en cómo resuelven los casos.
Lo interesante es cómo se elige a los que forman parte de este Consejo: un poco por la Corte, otro tanto por el Senado y uno por el presidente. Eso permite que no esté controlado por un solo poder y se busque un equilibrio, al menos en el papel. Además, nadie puede repetir en el cargo, lo cual evita que alguien se eternice en el poder. Y tienen reglas claras sobre a quién pueden sancionar o cómo deben capacitar a los jueces.
Otro punto importante es que el Consejo no está a la sombra de la Corte: tiene su propio poder para organizarse, tomar decisiones y hacer su trabajo con autonomía. No son empleados de la Corte ni están subordinados a ella. De hecho, el artículo les da herramientas como un Instituto especializado para capacitar a los juzgadores y así mantener alto el nivel de profesionalismo.
En resumen, este artículo 100 crea una especie de “poder paralelo” dentro del Poder Judicial, que no resuelve juicios pero sí garantiza que los que lo hacen estén bien preparados, vigilados y organizados. Así, los ciudadanos tenemos más garantías de que la justicia federal no sólo se imparta, sino que también funcione bien.
