El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, encabezado por el alcalde Daniel Serrano, refrendó su compromiso con el derecho a realizar actos públicos, siempre que se cumplan las disposiciones vigentes y los requisitos administrativos, de seguridad y protección civil. La administración municipal señaló que la aplicación de estas normas busca garantizar el orden y salvaguardar la integridad de las personas asistentes, sin restringir las libertades de asociación y expresión.

En relación con los acontecimientos del pasado 2 de noviembre en el Fraccionamiento San Antonio, durante una actividad organizada por el equipo de la diputada local Joanna Felipe Torres, el Ayuntamiento precisó que la intervención de las personas servidoras públicas tuvo como finalidad señalar la falta de permisos para ocupar el espacio público y llevar a cabo el evento.

De acuerdo con la información municipal, el equipo de la legisladora presentó un escrito de aviso el 30 de octubre a las 17:23 horas; sin embargo, la autoridad aclaró que dicho trámite no equivale a una autorización ni sustituye los requisitos administrativos y de protección civil. También indicó que los organizadores habían sido informados, en tres eventos similares realizados el sábado y el propio lunes por la mañana, sobre la necesidad de contar con los permisos correspondientes, pese a lo cual continuaron con la instalación de mobiliario y un templete en la explanada.

El Gobierno Municipal fundamentó su postura en el artículo 275, fracción II, inciso a), del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli 2026, que establece como infracción ocupar la vía pública, áreas de uso común y áreas verdes para actividades que requieran autorización previa sin contar con ella. Asimismo, informó que las personas interesadas en organizar eventos públicos pueden tramitar el permiso ante el Área de Permisos y Eventos de la Secretaría del Ayuntamiento.

Finalmente, la administración municipal sostuvo que no tienen cabida las actuaciones arbitrarias que limiten la libre asociación o la expresión pública de las ideas, y reiteró su respeto a los derechos humanos y a la proporcionalidad en el ejercicio de la autoridad. También enfatizó que la normatividad se aplica sin distinciones ni privilegios, por lo que mantiene su disposición para que los actos públicos se desarrollen con orden, seguridad y las autorizaciones correspondientes.

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