El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió esclarecer posibles irregularidades en la contratación de materiales y servicios por parte de organismos electorales, al señalar que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejercen los recursos públicos. Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar la presentación de información documentada y las investigaciones correspondientes para determinar si existen responsabilidades.
A través de un documento difundido en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la red de proveedores señalada no surgió durante los gobiernos actuales, sino que tiene antecedentes de varias décadas. Por ello, consideró necesario revisar su origen, las relaciones empresariales, los posibles vínculos con servidores públicos y las decisiones institucionales que habrían permitido la concentración de contratos en materia electoral.
Ramírez Aguilar mencionó que, de acuerdo con información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la investigación aparecen los nombres de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, así como referencias a sus antecedentes en la Secretaría de Gobernación durante los años ochenta y posteriormente en el CISEN. También aludió a relaciones con Juan Carlos Padilla Aguilar y a presuntos vínculos políticos e institucionales con Guadalupe Acosta Naranjo, Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo. No obstante, puntualizó que estos señalamientos deben analizarse con responsabilidad y distinguir los hechos documentados de aquellos que requieren mayor investigación.
El gobernador también hizo referencia a la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala en los organismos electorales, al recordar su designación como presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 y su llegada a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023 mediante el procedimiento constitucional de insaculación. En este contexto, llamó a evitar juicios anticipados y pidió que cualquier posible conflicto de interés o irregularidad sea esclarecido por las autoridades competentes, con base en pruebas y sin utilizar a las instituciones electorales como instrumentos de confrontación política.
Finalmente, Ramírez Aguilar exhortó al INE y a los organismos públicos locales electorales, incluido el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a fortalecer sus mecanismos de transparencia y hacer públicos sus procedimientos de contratación, proveedores, montos y criterios de adjudicación. De cara al proceso electoral de 2027, reiteró que su gobierno contribuirá, dentro de sus atribuciones y con respeto a la autonomía electoral, a garantizar elecciones en un ambiente de paz, libertad y certeza democrática, así como a que cualquier responsabilidad comprobada sea sancionada conforme a la ley.
