La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, como parte de una estrategia integral para combatir este fenómeno delictivo que afecta a la sociedad mexicana.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que esta iniciativa se sustenta en la reforma al artículo 73 de la Constitución, publicada el pasado 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, que otorga facultades al Congreso para emitir una Ley General contra la Extorsión, aplicable en todo el país.
La propuesta legal fue construida en una mesa técnica integrada por diversas dependencias del Gobierno de México y contempla un tipo penal básico, lineamientos para la coordinación institucional, y reglas especiales para enfrentar la extorsión cometida desde centros penitenciarios. También se incluyen programas interinstitucionales para su prevención.
Entre sus elementos clave, la iniciativa plantea penas de seis a 15 años de prisión, con agravantes como el cobro de piso, la afectación a migrantes o menores de edad, y cuando el delito es cometido por un servidor público. Se eleva a rango de ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, que incluye la línea de denuncia anónima 089.
Además, se proponen reformas a diversos ordenamientos legales como el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, permitiendo que la extorsión sea considerada un delito que amerite la pérdida de bienes. Sheinbaum subrayó que esta iniciativa responde al objetivo de reforzar la actuación coordinada del Estado mexicano en la erradicación de la extorsión.
