Ciudad de México.– El tráfico de personas es un delito grave que vulnera los derechos humanos y pone en riesgo la vida e integridad de miles de personas en situación de movilidad. Transportar, albergar o ayudar a alguien a cruzar fronteras sin documentos y a cambio de dinero constituye un acto ilícito que puede ser sancionado con hasta 16 años de prisión, de acuerdo con la legislación mexicana vigente.
Las autoridades federales reiteran que esta práctica no solo es una violación a la ley, sino también una agresión directa a la dignidad humana. Quienes participan en estas actividades, incluso sin pertenecer a redes criminales organizadas, se convierten en responsables legales al lucrar con la necesidad y la desesperación de personas migrantes.
A través de campañas informativas como #NoAlTráficoDePersonas y #ConoceLaLey, se busca concientizar a la ciudadanía sobre la gravedad de este delito, y advertir que la complicidad, aunque sea por omisión o desconocimiento, también tiene consecuencias legales severas.
El Gobierno de México continúa reforzando acciones de vigilancia, persecución penal y atención integral a las víctimas, al tiempo que invita a la población a actuar con responsabilidad y solidaridad, evitando involucrarse en actos que, bajo apariencia de ayuda, pueden constituir delitos graves.
