El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, prepara un paquete de modificaciones legales para impedir que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberen cuentas financieras congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin que exista un juicio de fondo. La mandataria subrayó que el objetivo es evitar que se sigan utilizando suspensiones provisionales para desbloquear recursos presuntamente relacionados con lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada.
En su conferencia matutina, la presidenta denunció que actualmente existen casos en los que, pese a que la UIF presenta evidencia sobre la procedencia ilícita de recursos, jueces otorgan amparos que permiten liberar las cuentas sin resolver el fondo del asunto. “Cuando se demuestra que hay lavado de dinero y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, eso se llama corrupción”, declaró. Por ello, enfatizó la necesidad de reformar no sólo la Ley ORPI, actualmente en discusión en el Senado, sino también la Ley de Amparo y otras normas procesales.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, respaldó esta postura al señalar que la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una herramienta preventiva para evitar que recursos de origen ilícito sigan circulando en el sistema financiero nacional. Detalló que entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, la UIF ha incluido a 7 mil 815 sujetos en la LPB, de los cuales 6 mil 545 continúan activos. A través de esta medida, se han bloqueado más de 32 mil 500 millones de pesos, además de cientos de millones de dólares y euros.
Sin embargo, Gómez explicó que una parte significativa de esos recursos ha sido desbloqueada por decisiones judiciales: más de 23 mil millones de pesos por resoluciones del Poder Judicial, otros 82 millones por el Tribunal Contencioso Administrativo y más de 5 mil millones por la propia UIF, en casos donde se confirmó una mala interpretación. Alertó que el abuso de suspensiones está debilitando la funcionalidad de la LPB y puso como ejemplo el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes fueron eliminados de la lista pese a que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.
Sheinbaum concluyó que su gobierno está comprometido con una política de “cero impunidad”, que no protegerá a nadie implicado en delitos financieros, y reafirmó que estas reformas forman parte del paquete de transformación del Poder Judicial. “La Fiscalía tiene que actuar siempre, sin excepciones. No se trata de persecución política, se trata de justicia”, sentenció.
