El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que los lineamientos que elabora el Ejecutivo Federal para garantizar los derechos de las audiencias en radio y televisión no representan un mecanismo de censura, sino que buscan dar congruencia a la legislación aprobada por el Congreso de la Unión. Además, expresó su confianza en que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resolverá las inconformidades relacionadas con el examen de admisión en línea.
En declaraciones a medios de comunicación, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena manifestó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el objetivo de estos lineamientos es proteger los derechos de las audiencias y no limitar la libertad de expresión. Agregó que el acceso a información veraz constituye un derecho de la ciudadanía y un compromiso ético de los medios de comunicación.
Monreal precisó que aún no existe un documento definitivo sobre los lineamientos, por lo que consideró necesario esperar su publicación antes de emitir una valoración sobre su contenido o sobre la posibilidad de que contemplen sanciones para los medios. Asimismo, recordó que corresponde al Ejecutivo Federal emitir dichas disposiciones, siempre dentro del marco establecido por la legislación vigente.
En otro tema, el legislador llamó a resolver mediante el diálogo las inconformidades surgidas por el examen de admisión en línea de la UNAM y confió en que la comisión técnica creada por el rector Leonardo Lomelí presente una solución oportuna. También consideró que las autoridades universitarias han actuado con prontitud para atender las quejas de los aspirantes.
Finalmente, Ricardo Monreal reiteró la necesidad de avanzar en una regulación integral sobre inteligencia artificial y plataformas digitales, al señalar que existen diversas iniciativas pendientes de análisis en el Congreso. Asimismo, sostuvo que cualquier modificación al sistema de elección de diputaciones corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y no al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
