- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el imputado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; los datos que establezcan que se ha cometido un hecho señalado como delito en la ley y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
- La autoridad judicial no podrá dictar auto de vinculación a proceso cuando no se hayan satisfecho los requisitos señalados en el párrafo anterior. La prolongación de la detención será sancionada por la ley penal.
- El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
El Artículo 19° de la Constitución Mexicana protege el derecho de cualquier persona a no ser detenida indefinidamente sin una razón clara y justificada. Esto significa que, si una persona es detenida, la autoridad judicial tiene un máximo de 72 horas para decidir si va a seguir un proceso en su contra o si debe ser liberada. No pueden retenerte sin motivo o porque sí.
Durante esas 72 horas, el juez debe revisar las pruebas y circunstancias del caso para determinar si hay suficientes razones para vincular al detenido a un proceso penal. Esto quiere decir que la acusación debe ser clara y bien fundamentada, indicando qué delito se imputa, cómo ocurrió y por qué se piensa que el acusado estuvo involucrado. Si la autoridad no presenta pruebas suficientes, la persona debe ser liberada.
Ahora bien, hay delitos considerados graves en los que se aplica prisión preventiva de manera obligatoria. Estos incluyen delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y otros delitos cometidos con armas o explosivos. También se consideran aquellos que afecten gravemente la seguridad nacional, el desarrollo de la personalidad o la salud pública. En estos casos, la persona queda detenida mientras se lleva a cabo el juicio, para evitar que huya o ponga en riesgo a la comunidad. Si la autoridad no cumple con los requisitos de vinculación a proceso, la detención prolongada es ilegal y debe ser sancionada. Esto garantiza que los derechos humanos sean respetados y que nadie quede preso sin justificación. La justicia no puede basarse en suposiciones o presiones, sino en hechos concretos y pruebas sólidas.
En resumen, el Artículo 19° garantiza que nadie pueda estar en prisión sin una razón legal y bien fundamentada. La ley protege a los ciudadanos contra detenciones arbitrarias y asegura que los procesos judiciales sean justos y transparentes.
