El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados respaldó la aprobación, por mayoría calificada, del dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos Federal y locales. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general establecer como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de contar con ella, renunciar a la misma antes de solicitar el registro de la candidatura, conforme a la legislación aplicable.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, señaló que la bancada respaldó la iniciativa presidencial al considerar que sus objetivos fortalecen la soberanía y la mexicanidad en cargos de elección popular de relevancia. El dictamen plantea atender una insuficiencia del marco constitucional vigente respecto de quienes poseen otra nacionalidad desde el nacimiento.
La reforma no elimina el derecho a la doble nacionalidad, reconocido por la Constitución, ni establece restricciones generales para la participación de personas mexicanas con doble nacionalidad en la vida pública. La medida se limita a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de establecer que durante el ejercicio de estos cargos no podrá adquirirse ni invocarse otra nacionalidad ante autoridades extranjeras, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a su protección diplomática.
Los nuevos requisitos serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028 y no se aplicarán a quienes actualmente ejerzan los cargos contemplados. El decreto establece además un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión y las entidades federativas realicen las adecuaciones legislativas correspondientes. Monreal Ávila destacó que la Cámara de Diputados continuará trabajando para avanzar en la agenda legislativa y señaló que la reforma fue uno de los asuntos centrales de la jornada parlamentaria.

