El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, consideró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben alcanzar un acuerdo para definir quién encabezará el máximo tribunal del país, con el propósito de evitar confrontaciones públicas que, señaló, ya rebasan lo normal y recomendable.
En entrevista con medios de comunicación, Monreal Ávila explicó que existen dos disposiciones constitucionales que generan interpretaciones distintas sobre quién debe ocupar la presidencia de la Corte. Una establece que el cargo correspondería a quien obtuvo el segundo lugar en la votación, supuesto que favorecería a Lenia Batres, mientras que otra disposición señala que el Pleno de ministros debe decidir por mayoría quién ocupará la presidencia.
El legislador manifestó que tiene una buena opinión de Lenia Batres y reconoció que, bajo una interpretación estricta, ella podría acceder a la presidencia. Sin embargo, también existe otra interpretación relacionada con la antigüedad de los ministros. Ante esta situación, planteó que, si el Poder Legislativo no modifica o deroga una de las disposiciones que generan esta contradicción, los integrantes de la SCJN deberían buscar un acuerdo interno que permita alcanzar una salida institucional y jurídica.
Monreal Ávila recordó además la controversia que generó el intento de ampliar la presidencia del entonces ministro Arturo Zaldívar y consideró necesario respetar la Constitución. Reconoció que el Poder Legislativo tiene responsabilidad por no haber eliminado una de las dos disposiciones, aunque sostuvo que todavía existe la posibilidad de alcanzar un consenso entre los integrantes de la Suprema Corte para resolver la situación.
En otro tema, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puede funcionar con plena jurisdicción y competencia aun con la ausencia de dos de sus integrantes. Respecto a la renuncia de Mónica Soto como magistrada del TEPJF, reconoció su desempeño y señaló que, desde su perspectiva, actuó con responsabilidad, imparcialidad y legalidad. Explicó que corresponde a la Comisión Permanente conocer y calificar la renuncia, debido a que la Constitución establece que estas únicamente proceden por causas graves, aunque no define qué debe entenderse por ese concepto.
