La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar su conservación.
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales del subsuelo, como el petróleo, el litio y demás hidrocarburos.
El Artículo 27° es uno de los pilares más importantes de la Constitución Mexicana, porque define quién es el dueño original de las tierras, aguas y recursos del país: la Nación. Esto quiere decir que el pueblo, representado por el Estado, es el verdadero propietario de todo lo que hay en el territorio nacional.
Aunque existe la propiedad privada, esta solo es posible porque el Estado otorga ese derecho. Es decir, tú puedes ser dueño de tu casa, tu rancho o tu terreno, pero ese derecho nace de una concesión de la Nación. Además, el Estado puede poner límites o condiciones al uso de esa propiedad si el interés público así lo requiere.
Uno de los puntos más fuertes de este artículo es que los recursos del subsuelo, como el petróleo, el gas, el litio y otros minerales estratégicos, son propiedad exclusiva de la Nación. Nadie puede decir que un pozo de petróleo o una mina de litio le pertenece como si fuera una parcela más. Estos recursos se deben cuidar y aprovechar en beneficio de todos los mexicanos.
El artículo también tiene un sentido social muy profundo. Fue clave durante la Revolución Mexicana y permitió la restitución de tierras a los pueblos y comunidades indígenas, así como la creación de ejidos. Es decir, se busca que la tierra se use para trabajarla y vivir dignamente, no para acapararla.
En resumen, el Artículo 27° pone en claro que la tierra, el agua y los recursos naturales son de la Nación, y que su uso debe tener un sentido justo, equilibrado y sustentable. Es una defensa de la soberanía, del medio ambiente y de la justicia social.
