Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
El Artículo 17° de la Constitución Mexicana garantiza que nadie puede tomarse la justicia por su propia mano. ¿Qué significa esto? Que no está permitido que una persona se haga justicia por cuenta propia o use la violencia para resolver sus problemas. Si alguien comete un delito contra ti, debes acudir a las autoridades, no actuar por tu cuenta.
También asegura que cualquier ciudadano tiene derecho a recibir justicia de manera rápida y gratuita. Esto es fundamental porque antes, los procesos judiciales podían ser tan largos y costosos que mucha gente se quedaba sin acceso a la justicia. Ahora, el Estado debe garantizar que los tribunales funcionen con agilidad y sin cobrar por el servicio.
¿Te imaginas pasar años esperando una resolución? Este artículo evita precisamente eso. Los tribunales tienen que ser rápidos, completos e imparciales, lo que significa que deben analizar el caso sin favoritismos y resolverlo lo antes posible. Además, está prohibido cobrar cuotas o «costas judiciales» por recibir justicia.
Algo muy importante es que el artículo también promueve el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación o el arbitraje. Esto significa que, en lugar de ir a juicio, puedes resolver ciertos problemas de forma más sencilla y rápida mediante acuerdos entre las partes. Esto ahorra tiempo y recursos tanto a las personas como al sistema judicial.
En resumen, el Artículo 17° protege tu derecho a recibir justicia de manera rápida, imparcial y gratuita, evitando que la violencia sea la forma de resolver conflictos. El acceso a la justicia no debe depender del dinero ni del poder, sino de la igualdad ante la ley.
