La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
El Artículo 39° de la Constitución Mexicana es una verdadera declaración de poder para el pueblo. Aquí se dice, sin rodeos, que la soberanía nacional —es decir, el poder máximo del país— le pertenece única y exclusivamente al pueblo. No a los gobernantes, no a los partidos, no a los ricos ni a los poderosos: al pueblo, a todos nosotros.
Este artículo también deja muy claro que todos los gobiernos, autoridades y leyes existen porque el pueblo así lo decidió. Ningún gobernante tiene poder por sí mismo: lo tiene porque nosotros se lo conferimos mediante el voto o los mecanismos democráticos. El poder no es un regalo de los líderes hacia la gente, sino al revés.
Y lo más importante: si el pueblo no está contento con la forma en que se gobierna, tiene el derecho de cambiarla. Si en algún momento sentimos que las autoridades ya no cumplen su función, que abusan, que no representan los intereses de la mayoría, el pueblo puede exigir cambios, reformas o incluso una transformación completa.
Esto no quiere decir que todo sea anarquía o que cada quien haga lo que quiera, sino que la Constitución reconoce al pueblo como la máxima autoridad moral y política. Los cambios deben hacerse, claro, siguiendo los caminos legales, pero la legitimidad siempre vendrá de la voluntad popular.
En resumen, el Artículo 39° nos recuerda que en México, el verdadero jefe es el pueblo, y que el gobierno existe para servir, no para mandar. Si alguna vez un gobierno olvida eso, el pueblo tiene todo el derecho —y el deber— de poner las cosas en su lugar.
