El proceso penal será acusatorio y oral. Tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
El imputado tiene derecho a declarar o guardar silencio, a ser informado de sus derechos, a contar con un defensor público en caso de no tener uno particular y a ser juzgado en un plazo razonable.
Las víctimas u ofendidos tienen derecho a recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir protección y reparación del daño, y a ser informados sobre el desarrollo del proceso penal.
El Artículo 20° de la Constitución Mexicana garantiza que los procesos penales sean justos, transparentes y respeten los derechos de todas las partes involucradas. Desde el 2008, en México se implementó el sistema acusatorio y oral, lo que significa que los juicios ya no son escritos y secretos, sino que se realizan públicamente y con la participación directa de las partes.
Para el acusado, este artículo asegura que tenga derecho a un juicio justo. Esto incluye poder declarar o guardar silencio sin que eso lo perjudique, ser informado de sus derechos en todo momento y contar con un abogado, ya sea uno particular o uno que le proporcione el Estado. Además, el proceso debe llevarse a cabo en un plazo razonable, sin alargarlo innecesariamente. Esto evita que la gente pase años en prisión preventiva sin sentencia.
Por otro lado, las víctimas también tienen derechos fundamentales. Pueden contar con asesoría jurídica gratuita, colaborar con el Ministerio Público para aportar pruebas o testimonios, y recibir protección cuando su integridad esté en riesgo. Además, tienen derecho a ser informadas sobre el avance del proceso penal y a que el daño que sufrieron sea reparado, ya sea económicamente o de otra manera que establezca la ley.
El sistema acusatorio también fomenta la transparencia y la oralidad, lo que significa que los argumentos se presentan de manera clara y pública, permitiendo que los jueces evalúen de forma directa los testimonios y las pruebas. Esto evita que el proceso sea manipulado o influenciado por intereses externos, garantizando que la justicia se administre de forma imparcial y abierta.
En resumen, el Artículo 20° es una pieza clave para garantizar que los juicios penales sean justos, abiertos y respetuosos de los derechos tanto de los acusados como de las víctimas. Gracias a esta reforma, el sistema de justicia penal en México se ha vuelto más transparente y accesible, evitando los abusos que antes eran comunes en los juicios secretos.
