El gobernador Alejandro Armenta Mier llamó a los partidos políticos a revisar con rigor los perfiles y antecedentes de quienes aspiran a cargos de elección popular, con el propósito de evitar que personas con posibles vínculos delictivos o conductas de corrupción lleguen al ejercicio del poder. Advirtió que la omisión ante este tipo de situaciones puede poner en riesgo a la sociedad y a las instituciones.
Armenta Mier señaló que, si bien la ley protege los derechos político-electorales, la fama pública también debe ser considerada por los partidos al momento de seleccionar a sus candidatas y candidatos. Expuso que existen regiones de Puebla donde grupos delictivos han permeado en algunos ayuntamientos y lamentó que, en años recientes, haya sido necesaria la instalación de cinco consejos municipales ante presuntas actividades delictivas detectadas por las autoridades.
El Ejecutivo estatal enfatizó que no es aceptable que los ayuntamientos sean utilizados para actividades ilícitas, como el desmantelamiento de vehículos robados en carreteras, el narcomenudeo u otras acciones delictivas, ni que se tolere la presencia de grupos de la delincuencia organizada. En este sentido, destacó la responsabilidad que tienen quienes ejercen cargos públicos de honrar la confianza otorgada por la ciudadanía.
Asimismo, sostuvo que el Gobierno del Estado mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y a las actividades delictivas. Precisó que, respetando la autonomía municipal, las autoridades estatales atienden los procedimientos y órdenes de la Fiscalía y del Poder Judicial, tanto federal como estatal, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, de acuerdo con cada caso.
Finalmente, Armenta Mier señaló que el exhorto a los partidos también contempla posibles conductas de corrupción, debido a que quienes reciben recursos públicos deben responder ante las instancias fiscalizadoras. Afirmó que el Gobierno del Estado informará a la opinión pública y a los dirigentes partidistas sobre cualquier situación que represente un riesgo, con el objetivo de promover la corresponsabilidad en la protección de la sociedad y las instituciones.
