La extorsión representa una amenaza que no solo afecta el patrimonio de comerciantes, trabajadores y familias, sino que también puede abrir espacios para la infiltración de grupos delincuenciales en las instituciones públicas, plantea Ricardo Monreal Ávila. A partir del caso de Juchitán, Oaxaca, el legislador advierte sobre los riesgos que enfrenta la autoridad municipal cuando las estructuras criminales buscan establecer vínculos con los gobiernos y convertir el poder público en instrumento de sus intereses.

En el análisis, Monreal retoma como referencia la novela La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, para plantear una reflexión sobre las consecuencias de los pactos ilegales y las alianzas que terminan sometiendo a las instituciones. Señala que lo que inicialmente puede presentarse como apoyo político puede convertirse en una deuda que se cobra mediante extorsión, cobro de piso, protección, impunidad e incluso control de la obra pública, con consecuencias directas para la ciudadanía.

El legislador refiere el caso reciente de Juchitán, donde fue detenido el alcalde mediante una orden de aprehensión relacionada con los delitos de extorsión y presuntos vínculos con una célula de un grupo delincuencial. De acuerdo con lo expuesto, las investigaciones apuntan a una estructura dedicada a la extorsión, cobro de piso, tráfico de personas y homicidio, además de indagar el uso de cámaras de vigilancia para alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad, el desvío de recursos públicos para adquirir armas y el empleo de redes de transporte para el narcomenudeo. Monreal subraya que las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Ante este escenario, sostiene que el fortalecimiento de las instituciones municipales constituye un elemento necesario para enfrentar la vulnerabilidad que los grupos criminales buscan aprovechar. Destaca además la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por el Congreso, así como la importancia de la coordinación entre las instituciones de seguridad y de las acciones encaminadas a inmovilizar recursos y bloquear cuentas relacionadas con investigaciones. A su juicio, combatir las estructuras económicas de la delincuencia forma parte de las acciones necesarias para debilitarlas.

Finalmente, Monreal señala que la extorsión modifica sus mecanismos, aprovecha nuevas tecnologías y encuentra oportunidades donde existen instituciones débiles, por lo que plantea la necesidad de fortalecer las capacidades municipales, proteger a las autoridades y personas servidoras públicas y cerrar espacios para la impunidad. También destaca la apuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por la reconstrucción del tejido social mediante apoyo a pequeños negocios, créditos accesibles y acompañamiento comunitario. El objetivo, concluye, es que ningún municipio tenga que elegir entre obedecer al miedo o confiar en su autoridad, sino contar con instituciones capaces de proteger a la ciudadanía.