La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para expedir una nueva Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar este delito de manera más eficaz, incluyendo la reparación integral del daño a las víctimas.
La propuesta legislativa plantea un cambio de paradigma: será el Estado mexicano quien se reconozca como víctima del delito de extorsión, dada su gravedad y las afectaciones económicas, sociales y psicológicas que genera. De aprobarse, la extorsión se perseguirá de oficio, y las autoridades asumirán la responsabilidad de proteger a víctimas, testigos y personas ofendidas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que esta iniciativa se articula con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y las herramientas proporcionadas por la reciente Ley Nacional del Sistema de Investigación e Inteligencia, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa e investigativa del Estado en este rubro.
Con esta ley, se busca establecer un marco legal homogéneo en todo el país, obligando a las entidades federativas a legislar y actuar conforme a criterios comunes para enfrentar la extorsión. La iniciativa también contempla medidas de protección integral para las personas afectadas y sanciones más severas para quienes incurran en este delito.
El Gobierno de México reafirma así su compromiso con la protección del patrimonio de las familias y la erradicación de la extorsión como una prioridad de la política de seguridad nacional, avanzando hacia un modelo de justicia más eficaz, humanista y coordinado.
